Con la reforma del día 3 de julio 2.012, el Gobierno vasco refuerza el protagonismo de los alcaldes en la planificación urbana. Paralelamente, ha impulsado un cambio de la ley del suelo para que los ayuntamientos decidan cuántas viviendas protegidas se edifican en sus límites.
El Gobierno vasco ha dado más libertad a los alcaldes para redensificar sus municipios; es decir, para proyectar en el futuro más viviendas y menos equipamientos (zonas verdes, colegios, ambulatorios, aparcamientos) en las zonas céntricas pendientes de rehabilitar y en las que se quiere construir manzanas nuevas o reformar las viejas. Dos ejemplos de ello son los cascos antiguos degradados y los barrios que originalmente fueron levantados en las afueras de una ciudad, con fábricas y otras actividades económicas, y que han acabado engullidos por ella.
Ese margen de maniobra para los ayuntamientos está recogido en un decreto de estándares urbanísticos que fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y que sale al paso de un problema que había generado controversia en muchas localidades vascas: en las zonas calificadas como ‘suelo urbano no consolidado’ -las citadas anteriormente- ya no habrá que destinar de forma obligatoria para servicios públicos el mismo espacio físico que si fuesen ‘suelos urbanizables’; es decir, que si se tratara de terrenos baldíos del extrarradio en los que se planean construir barriadas de nueva planta y hay que crear un sistema entero de parques, polideportivos, bibliotecas, comercios, etc. «Son dos realidades diferentes», argumentó Rafael Farias, director de Suelo del Departamento vasco de Vivienda.
Según el nuevo decreto, que sustituye a otra norma similar de 2008, en los solares urbanos no consolidados los alcaldes podrán reducir los parámetros que obligan a reservar unos metros cuadrados determinados para uso público por cada piso o habitante del barrio. Y también podrán ‘canjear’ suelo por edificios. O dicho de otra manera, a un ayuntamiento que ya tiene varios parques, y que necesita rehabilitar un barrio del centro, le puede parecer más interesante aprovechar la entreplanta de un edificio e instalar en ella unas oficinas municipales que quedarse con un terreno para hacer más zonas verdes.
Más agilidad
El cambio introducido por el Gobierno vasco ofrece a los alcaldes esa posibilidad y también otra muy relevante: rapidez para cambiar el planeamiento urbanístico y proyectar más viviendas en un lugar. Los máximos de edificabilidad establecidos por la ley vasca del suelo lógicamente no se pueden alterar, pero si una corporación quiere apurarlos, podrá hacerlo de forma más ágil. Y si se propone rebasarlos -opción contemplada por la ley en algunos supuestos, siempre con permiso del Gobierno vasco-, también se enfrentará a menos trámites.
Las reformas aprobadas ayer habían sido reclamadas insistentemente por numerosos ayuntamientos, que se quejan de la rigidez de la normativa urbanística autonómica cuando arrecia la crisis y deben afrontar la regeneración de barriadas enteras. No obstante, la flexibilidad que habrá en el futuro también viene a resolver una cuestión de fondo que tiene que ver con el modelo de ciudad. Los primeros que lo perciben son los arquitectos cuando planifican viviendas en un área de actuación: deben reservar tanto suelo para equipamientos, sin distinguir si la zona tiene una u otra calificación, que no les queda más remedio que ‘meter’ los pisos previstos en torres de veinte plantas o más, rodeadas de zonas verdes.
Precisamente, el nuevo decreto adapta la legislación a un urbanismo distinto. Pasada la euforia del ‘ladrillo’, y la época en que los municipios crecían y aumentaban sus ingresos fiscales a base de levantar una barriada tras otra, ahora impera la modestia: se trata de que los núcleos urbanos sean más compactos, lo que permite organizar los servicios (basuras, etc.) de forma más racional y con menos costes. Ese fue el debate que se planteó en Vitoria, pues uno de los ‘hándicap’ de la ciudad para conseguir el título de ‘green capital’ era que el suelo estaba mal aprovechado.